Noticia de La Noche de Dieter – esRadio

La consejera extremeña de Hacienda, María Elena Manzano, está detrás de la sentencia del Supremo que ha permitido extender la deducción por maternidad en el IRPF a los gastos de custodia de menores de tres años en guardería.

Ella, cuando todavía era profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la UEx, entendió que el criterio de la Agencia Tributaria sobre este asunto era erróneo. Por eso, creó la Asociación Gastos Guardería IRPF, que contrató al bufete de abogados de Cáceres Jiménez Bustamante para defender el caso de una madre de Cantabria que se encontraba en esta situación. Según informa este despacho de abogados en una nota, la Agencia Tributaria le denegó a la afectada el derecho al incremento de 1.000 euros anuales de bonificación estatal en el IRPF porque la guardería en la que estaba matriculada su hija en Camargo (Santander) no estaba en el listado de centros autorizados por la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En sus redes sociales, Manzano ha afirmado este viernes: «Ganamos!!!! Tras más de cuatro años de lucha, hoy se ha hecho justicia tributaria. El Tribunal Supremo ha corregido el grave error del gobierno de Sánchez de exigir autorización de la administración educativa competente para que las madres podamos aplicarnos la deducción por gastos en guarderías de 1000 euros en el IRPF. La conciliación se defiende así y con el gobierno de la Presidenta María Guardiola se reforzará con creces en Extremadura. Lo logramos! Gracias a todas las madres que han luchado a mi lado y a María y a Antonio [los abogados] por la dedicación y el apoyo máximo. Qué alegría!».

En su nota, los letrados recuerdan que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria otorgó el derecho a la citada deducción, porque esta tiene un carácter universal estatal, es decir, aplicable a cualquier guardería, aunque no tenga autorización autonómica como centro de educación infantil, pues las guarderías sólo deben cumplir los requisitos de apertura y funcionamiento según la legislación aplicable.

Añade Jiménez Bustamante que desde 2018, a la deducción de 1.200 euros al año en la declaración de la Renta por maternidad aplicable a todas las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, deben sumarse otros 1.000 euros por gastos en guardería que no todas se desgravan. «Hacienda devuelve a las madres este dinero, pero en la mayoría de los casos, solo lo hace si el centro tiene autorización autonómica, a pesar de su carácter universal estatal, y por tanto, aplicable a cualquier guardería, aunque no tenga autorización autonómica como centro de educación infantil. De hecho, a esta madre trabajadora cántabra, la Agencia Tributaria le denegó el derecho al incremento de esos 1.000 euros anuales porque la guardería no estaba en el listado de centros autorizados»

Sin embargo, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, fija como doctrina jurisprudencial que: «La expresión ‘guarderías o centros de educación infantil autorizados’ contenida en el artículo 81.2, párrafo 1º, de la Ley del IRPF […] debe entenderse en el sentido de que la autorización exigida por el citado precepto a las guarderías o centros de educación infantil no es la otorgada por la Administración educativa correspondiente, que tan solo será exigible a los centros de educación infantil, sino la que resulte precisa para la apertura y funcionamiento de la actividad de custodia de menores en guarderías, según las disposiciones normativas aplicables a este tipo de centros. Por consiguiente, la sentencia recurrida es conforme a esta doctrina jurisprudencial y no ha lugar al recurso de casación de la Administración estatal.»

«Hay miles de madres afectadas en todo el país y animamos a todas las madres trabajadoras a solicitar esta deducción, así como a la rectificación de las declaraciones de IRPF desde 2019, ya que las de 2018 ya han prescrito», asegura el despacho de abogados.

Noticia de Diario HOY

El Tribunal Supremo (TS) ha extendido la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los gastos de custodia en guardería. Así lo dispone la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia dictada el pasado 8 enero (7/2024), resolviendo de esta forma uno de los aspectos más controvertidos del derecho a la deducción fiscal por maternidad prevista en la Ley del IRPF.

Con este resolución y otra de la misma fecha (8/2024), en la que rechaza un recurso de casación interpuesto por la Administración tributaria, el Supremo unifica el criterio de los tribunales y corrige la interpretación restrictiva de la deducción aplicada por la Administración, permitiendo a todas las madres trabajadoras con hijos menores de tres años que acudan a guarderías o centros de educación infantil incrementarse la deducción en 1.000 euros.

Ambas las firman los magistrados José Antonio Montero Fernández (presidente), Rafael Toledano Cantero (ponente), Dimitry Berberoff Ayuda, Isaac Merino Jara y Esperanza Córdoba Castroverde.

Con estas sentencias, el Tribunal Supremo ha hecho Justicia tributaria», declara a Economist & Jurist la abogada que ha llevado ambos casos, María Benito Calvo, quien ha asistido a una madre trabajadora de Extremadura y a otra Cántabra, respectivamente, a través de la Asociación de gastos de guardería del IRPF.

La primera afectada es profesora de la Universidad de Extremadura, titular de Derecho financiero y tributario, y consideraba que la interpretación restrictiva de derechos que hacía la Administración era discriminatoria, por lo que hizo una investigación sobre el asunto a nivel general y creó la citada asociación de madres afectadas. Fue en 2021 cuando llevó el caso a la Justicia.

«Llevábamos tres años peleando este asunto en los tribunales, y estamos muy satisfechos por haber conseguido este derecho para las miles de madres afectadas por todo el territorio nacional», señala María Benito, y anima a las perjudicadas a reclamar.

Lo que sostiene la Administración tributaria para rechazar la deducción

El caso analizado en la primera sentencia versa sobre la denegación de la Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAT) a una madre trabajadora del derecho al incremento de la deducción de maternidad hasta en 1.000 euros adicionales en el IRPF por los gastos de custodia en guardería de sus hijos menores de tres años. El Supremo ha anulado ahora dicha decisión.

La Administración tributaria alegaba, para rechazar la deducción por gastos en guardería, que sólo son deducibles los gastos de custodia abonados a guarderías que cuenten además de los permisos de funcionamiento propios de esta actividad, con una autorización como centro educativo otorgada por la Administración educativa competente.

Un criterio que se ha venido aplicando por la AEAT con carácter general desde la introducción de esta deducción en la ley del IRPF en 2018, y que se basa en una interpretación del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que limita la obligación de emitir información fiscal para la deducción a los centros que cuenten con autorización de la administración educativa competente.

Como las guarderías, por lo general, no disponen de este tipo de autorización para impartir educación infantil, no pueden emitir la información fiscal correspondiente, y la Administración tributaria no admite que los gastos abonados a las guarderías se computen para obtener la deducción fiscal.

Hacienda impone un requisito que no figura en la ley del IRPF

El Supremo considera que al aplicar este criterio, Hacienda impone un requisito no establecido en la ley del  IRPF, que restringe las opciones de las madres trabajadoras para poder disfrutar de esta deducción. Y dictamina que los gastos de custodia serán deducibles, dentro de los límites legales, tanto si se abonan a guarderías como a centros de educación infantil, ya que la ley no condiciona los requisitos del centroen el que las madres trabajadores decidan contratar los servicios de custodia en el sentido pretendido por la AEAT.

El Alto Tribunal destaca que, en todo caso, “las guarderías deberán estar debidamente autorizadas, al igual que los centros de educación infantil “para la apertura y funcionamiento de la actividad de custodia de menores, incluida la asistencia, cuidado y alimentación, pero que no resulta exigible legalmente que las guarderías en que las contribuyentes haya contratado estos servicios de custodia dispongan de autorización como centro educativo infantil.

Noticia de Economist & Jurist

Tal y como recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, compró un diseño de Jesús Peiró, de la colección Metrópolis, que le costó 2.190 euros. Durante varios meses concertó diferentes citas para ajustarlo a sus medidas corporales. En una de ellas se acordó que en la banda central llevaría cosidas unas copas que harían el efecto de un sujetador; pero, en una segunda prueba, se descartó esta opción al comprobar que deformaban la banda central. Al final se decidió ajustarlo a la zona del pecho en ambos laterales. Ya en la última cita la novia y sus acompañantes observaron que el vestido tenía hilos sueltos en la banda central. La modista dijo que se solucionaría.

Noticia de el Periódico Extremadura

La fallecida es María L. L. L. y había nacido en 1976 en Navalmoral de la Mata. Cuando falleció estaba tutelada por la Junta de Extremadura, por la Consejería de Sanidad y Dependencia. Tenía esquizofrenia residual.

El abogado que les representa es el letrado cacereño Juan José Jiménez Bustamante, que señala que han interpuesto una demanda de recurso contencioso administrativo, una vez que se había archivado la causa penal, viendo que había sido María L. la que había acabado con su vida, pese a estar atada, al poder llevarse los trozos de pañal a la boca. «La familia de María Luisa -dice Bustamante – considera que los servicios sociosanitarios de la Junta de Extremadura podrían, presuntamente, no haber actuado correctamente; eincluso de una manera negligente al no haber realizado el adecuado seguimiento y control de la enferma el día de los hechos y no haber seguido los protocolos pautados». Ella estaba vigilada porque ya había intentado quitarse la vida otras veces.

Noticia de Diario HOY

El juzgado considera hechos probados que la inculpada envió una centena de wasaps a su exmarido -del que se había divorciado recientemente y que fue representado por Juan José Jiménez Bustamante- en los que le profería insultos como «cabrón», «drogadicto», «pervertido» o «chulo putas». Y que le anunció que había pedido 2.500 euros de adelanto para que les pegaran un tiro a él, a su compañera y a la hija de ésta, «que por 4.000 euros morirían él, su perra y el cachorro o que Cáceres era muy chico y que o morían la modelo y el cachorro o morían todos», recoge la sentencia. También se acredita que la mujer, aprovechándose de su puesto de funcionaria, le envió al marido dos fotografías extraídas de una captura de pantalla de su ordenador de trabajo, con información de una resolución judicial sobre su pareja.

Noticia de Diario HOY

El ministerio fiscal tiene previsto solicitar que sea condenada a tres años y nueve meses de prisión, 30 días de localización permanente, estar un año y medio suspendida de empleo y pagar una multa de 3.600 euros.

La acusación particular, representada por el abogado Juan José Jiménez Bustamante, solicita que se la condene a 10 años de prisión, 30 días de localización permanente, que se le suspenda de empleo tres años y que haga frente a una multa de 5.400 euros. Este letrado también pide que la funcionaria indemnice a las tres personas afectadas con un total de 28.000 euros.

El abogado de la defensa niega los hechos de los que se le acusa y pedirá la absolución.

Noticia de Diario HOY

Según reconocen ella y su abogado, Juan José Jiménez Bustamante, al sufrir celopatía ella intentó acabar con la vida de su marido, clavándole cuatro veces un cúter en el cuello mientras tenían relaciones sexuales. Ocurrió el 18 de octubre de 2017. La mujer se intentó suicidar tirándose por el balcón del piso (un tercero), pero él la sujetó, aunque al final se cayó y está parapléjica.

Noticia de Diario HOY

A pesar de las lesiones logró incorporarse del sofá para solicitar ayuda. Consiguió incluso presionar el botón de auxilio del sistema de seguridad que tenían instalado en el domicilio pero no le sirvió de nada, ya que ella corrió tras él para impedirlo y reaccionó cortando los cables de la pared para que no pudiera pedir auxilio. Mientras el herido llamaba al 112 ella se dirigió a la cocina e intentó precipitarse por la ventana. Al percatarse él intentó impedirlo pero cayó a la calle, encima de un vehículo. Como consecuencia de esta acción la mujer tiene ahora problemas para caminar. Necesita una silla de ruedas.

Noticia de el Periódico Extremadura

Los hechos, que han sido juzgados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3, ocurrieron el pasado mes de febrero. El acusado, de 32 años, se encontraba en ese momento con otros dos perros y alegó en su defensa que el animal había ido hacia él en actitud violenta. Sin embargo un testigo de los hechos negó este extremo, asegurando que la perra se dirigió al acusado en actitud cariñosa, para saludarle.

La acusación particular, ejercida por el abogado cacereño Juan José Jiménez Bustamante, solicitaba para él 18 meses de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para el trabajo o el contacto con animales, además de una indemnización por los daños morales causados. La Fiscalía solicitaba seis meses de prisión y dos de inhabilitación especial.

Noticia de el Periódico Extremadura