Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias confirma el derecho a la citada deducción, porque esta tiene un carácter universal estatal, es decir, aplicable a cualquier guardería, aunque no tenga autorización autonómica como centro de educación infantil.

La sentencia establece que «las guarderías no forman parte del sistema educativo español ni de la LOE, no se consideran centros de educación, son centros de atención y cuidado infantil y, por tanto, no necesitan autorización de carácter educativo, sino que es la Administración local la competente en la autorización de su apertura y funcionamiento».

Desde la Asociación Gastos Guardería IRPF, su abogada, María Benito, anima a todas las madres trabajadoras a solicitar esta deducción, así como a la rectificación de las declaraciones de IRPF desde 2019, ya que las de 2018 ya han prescrito.

Destaca la Asociación que hay miles de madres afectadas en todo el país y el asunto está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso interpuesto por una madre afectada en Cáceres.

Fuente: Europa Press

La madre vio rechazada su solicitud porque la guardería en la que estaba matriculado su hijo no constaba en el listado de centros autorizados de educación infantil por el Principado de Asturias.

“Esta deducción por maternidad es de carácter estatal, no es una competencia de las comunidades autónomas como lo son los requisitos para ser centro autorizado, y en este caso se estaría quitando esa competencia estatal para ser autonómica”, detalla María Benito Calvo, letrada de la Asociación Gastos Guardería IRPF, que ha representado a la madre.

Además, la sala aclara que la Ley Orgánica de Educación (LOE) no menciona a las guarderías a la hora de establecer los diferentes niveles educativos. “Las guarderías no se consideran centros de educación, son centros de atención y cuidado infantil y, por tanto, no necesitan autorización de carácter educativo, sino que es la Administración local la competente en la autorización de su apertura y funcionamiento”, detalla la sentencia.

Por tanto, según indica la letrada María Benito “las guarderías no tienen que estar supeditadas a los requisitos que pide la LOE”.

Benito también señala que ahora las madres trabajadoras pueden reclamar dichas deducciones en las declaraciones desde 2019 porque después de cuatro años ya prescriben. Por ello desde la Asociación Gastos Guardería IRPF, que ya trabajan con más de 100 casos, animan a todas las madres trabajadoras, que desconocen esta bonificación, a reclamarla.

Fuente: www.abogacia.es

¿Me puedo desgravar la guardería de mis hijos en la Renta 22-23 y en qué casilla se deduce?

Desde la Asociación Gastos Guarderías IRPF, nuestra abogada, María Benito, en Mediodía COPE Cáceres, anima a todas las madres afectadas a solicitar esta deducción, así como la rectificación a Hacienda desde 2018, que prescribe el próximo 30 junio.

Más información:
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/audios/mediodia-cope-caceres-hablamos-con-asociacion-gastos-guarderias-irpf-20230606_2276992

El Tribunal Supremo decidirá si las madres tienen derecho a la deducción de 1.000 euros por guardería, sea cual sea el centro en el que están los hijos. El conflicto entre muchas madres y Hacienda, después de reinterpretar la ayuda incluida en los presupuestos de 2018 por primera vez, se decidirá en el alto tribunal.

El pleito llega al Supremo después de que los jueces de instancias inferiores se contradijeran. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria falló a favor de una madre y, en un recurso por la misma deducción y argumento, el Tribunal Superior de Extremadura dio la razón a Hacienda. Las mismas contradicciones se vieron en tribunales económico-administrativos regionales, hasta que el central (TEAC) se posicionó a favor de Hacienda.

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Sin embargo, la titular del juzgado, lejos de reconocer los plazos que imponen los permisos de maternidad o paternidad, ha decidido señalar la vista para el próximo 1 de febrero, forzando así a ambos letrados a renunciar al permiso de paternidad/maternidad o a pedir su sustitución por otro compañero.

Los abogados querían evitar lo que al final ha pasado, que por el hecho de encontrarse de baja por incapacidad temporal y de permiso de paternidad, la abogada y su marido no pudieran ir a los juzgados. Por ello solicitaron el pasado diciembre a la magistrada su suspensión. Pero ésta se negó afirmando que “sería una baja que se preveía de larga duración”, achacando a ambos letrados el mal funcionamiento de la justicia, y les instó a buscar una nueva defensa, advirtiéndoles que si no lo hacían se asignaría un abogado de oficio a sus clientes.

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Nos hemos centrado tanto en luchar por los derechos de los demás, que nos hemos olvidado de los nuestros, o quizá simplemente no hemos reservado fuerzas para hacerlo.

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El abogado Antonio Jiménez Bustamante será padre por primera vez el próximo 17 de enero.  Es lo que tiene previsto el ginecólogo si el parto no se adelanta. Tanto él como su pareja, María Benito, también abogada en el mismo juicio, han pedido la suspensión de la sesión fijada para dos días después. La titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres les ha negado la suspensión. Decisión que el letrado califica “como un ataque a toda la abogacía”, ya que en la providencia, la magistrada indica que se trata de una “baja de previsible larga duración que dilatará la causa”, a pesar de que el asunto no es especialmente urgente y su instrucción no haya superado los seis meses.

Diariamente se suspenden juicios por motivos de agenda, porque no se ha citado a alguna de las partes, testigos, peritos… porque no es posible realizar la videoconferencia. Sin embargo, en casos de maternidad o paternidad, no se considera causa de suspensión. A su parecer, “el problema de los abogados padres lo tenemos más difícil para que se nos suspenda una vista porque no está regulado, tan solo depende del arbitrio de la jueza cómo un padre deba vivir una primera paternidad”.

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Una jueza deniega a dos abogados cacereños la suspensión de un juicio pese a estar señalado en una fecha muy próxima a la que esperan dar a luz a su primer hijo. Ambos, un matrimonio de letrados que trabajan en el despacho Jiménez Bustamante Abogados y Asesores, defienden a dos menores en este procedimiento y ninguno de los dos, precisamente porque van a ser padres, podrán asistir ni realizar la defensa debido a la fecha fijada para la vista. Fue señalada el día 19 de enero de 2021, cuando la fecha prevista para el parto es el 17 de ese mes.

Ante esta situación, presentaron el correspondiente informe de maternidad en el que consta la fecha prevista para el alumbramiento, para solicitar precisamente a la magistrada, la titular del  Juzgado de lo Penal Número 2 de Cáceres, la suspensión de esa vista a la espera de que fijara una nueva fecha para su celebración. Según los letrados, la jueza no tiene la obligación de suspender el juicio, puesto que en el momento en el que se ha solicitado no existe una baja médica, pero aclaran que piden el aplazamiento precisamente por «colaborar con la justicia», para evitar que se suspenda días antes de su celebración.

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