Sin embargo, la titular del juzgado, lejos de reconocer los plazos que imponen los permisos de maternidad o paternidad, ha decidido señalar la vista para el próximo 1 de febrero, forzando así a ambos letrados a renunciar al permiso de paternidad/maternidad o a pedir su sustitución por otro compañero.

Los abogados querían evitar lo que al final ha pasado, que por el hecho de encontrarse de baja por incapacidad temporal y de permiso de paternidad, la abogada y su marido no pudieran ir a los juzgados. Por ello solicitaron el pasado diciembre a la magistrada su suspensión. Pero ésta se negó afirmando que “sería una baja que se preveía de larga duración”, achacando a ambos letrados el mal funcionamiento de la justicia, y les instó a buscar una nueva defensa, advirtiéndoles que si no lo hacían se asignaría un abogado de oficio a sus clientes.

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El abogado Antonio Jiménez Bustamante será padre por primera vez el próximo 17 de enero.  Es lo que tiene previsto el ginecólogo si el parto no se adelanta. Tanto él como su pareja, María Benito, también abogada en el mismo juicio, han pedido la suspensión de la sesión fijada para dos días después. La titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres les ha negado la suspensión. Decisión que el letrado califica “como un ataque a toda la abogacía”, ya que en la providencia, la magistrada indica que se trata de una “baja de previsible larga duración que dilatará la causa”, a pesar de que el asunto no es especialmente urgente y su instrucción no haya superado los seis meses.

Diariamente se suspenden juicios por motivos de agenda, porque no se ha citado a alguna de las partes, testigos, peritos… porque no es posible realizar la videoconferencia. Sin embargo, en casos de maternidad o paternidad, no se considera causa de suspensión. A su parecer, “el problema de los abogados padres lo tenemos más difícil para que se nos suspenda una vista porque no está regulado, tan solo depende del arbitrio de la jueza cómo un padre deba vivir una primera paternidad”.

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Sabido es que la Abogacía Española ha reclamado reiteradamente, por activa y por pasiva, un cambio legislativo que clarifique los derechos de los defensores y los equipare a los de cualquier otro trabajador español. Conocido es que no han sido pocos los jueces y tribunales que, de forma voluntaria, han asumido ese criterio y aplicado la lógica de otorgar un derecho que el legislador aún no ha regulado. También que ha habido casos en que algunos compañeros han tenido que litigar para que se reconociese.

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María Benito, abogada de 30 años, tiene dos fechas marcadas en su calendario a mediados de enero. Los médicos prevén que dé a luz el próximo día 17 y el 19, menos de cuarenta y ocho horas después, tendría que asistir a los juzgados de Cáceres como letrada. 

Ya que paralizar el hecho biológico resulta complicado, María pretende aplazar la cita judicial. Pero la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la ciudad, que sustituye a la jueza de menores, no está por la labor de suspender la vista y establecer una nueva fecha. En una providencia, la magistrada trata de evitar que la futura baja, que prevé «de larga duración», dilate la causa, a pesar de que la vista no es especialmente urgente y su instrucción no haya superado los seis meses, un plazo que no es excesivamente largo para la Justicia española

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Una jueza de Cáceres ha denegado recientemente a dos abogados la suspensión de un juicio pese a estar señalado en una fecha muy próxima a la que esperan tener a su primer hijo.  En el auto se requiere que designen a otro abogado para la defensa de los dos menores.
La abogada del caso que va a ser madre es María Benito Calvo, experta en violencia de género y en delitos sexuales a menores. La vista está fijada para el 19 de enero y espera dar a luz dos días antes. Denuncia que sufre una discriminación por sexo y que vulnera su derecho a ser madre. Por ello, ha recurrido la providencia emitida por la magistrada y ha solicitado amparo al Colegio de Abogados de Cáceres para que no designe letrado de oficio para la celebración de la vista, ya que sus clientes se han negado a contratar a otro abogado. María relata también la situación que sufren a diario en los juzgados,  tanto abogados como abogadas, por la falta de previsiones legales que faciliten la conciliación entre trabajo y familia.

¿Crees que se deberían unificar criterios en los TSJ sobre las suspensiones de vistas? ¿ O eres partidaria de reformar la normativa reguladora, como propone el Consejo General de la Abogacía, de suspensiones vistas y actos procesales para avanzar en materia de conciliación?

Entiendo que es necesario reformar la normativa reguladora, de forma que las suspensiones no dependan del criterio del juzgado, evitando interpretaciones subjetivas de las distintas situaciones, pues unificar criterios en los TSJ sería un “parche” que puede solucionar provisionalmente las situaciones como las que estoy viviendo yo actualmente, como sucede en algunas CC.AA. (como en Barcelona), hasta que la Ley se promulgue.

http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/una-de-nosotras-060319