Noticia de La Noche de Dieter – esRadio

La consejera extremeña de Hacienda, María Elena Manzano, está detrás de la sentencia del Supremo que ha permitido extender la deducción por maternidad en el IRPF a los gastos de custodia de menores de tres años en guardería.

Ella, cuando todavía era profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la UEx, entendió que el criterio de la Agencia Tributaria sobre este asunto era erróneo. Por eso, creó la Asociación Gastos Guardería IRPF, que contrató al bufete de abogados de Cáceres Jiménez Bustamante para defender el caso de una madre de Cantabria que se encontraba en esta situación. Según informa este despacho de abogados en una nota, la Agencia Tributaria le denegó a la afectada el derecho al incremento de 1.000 euros anuales de bonificación estatal en el IRPF porque la guardería en la que estaba matriculada su hija en Camargo (Santander) no estaba en el listado de centros autorizados por la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En sus redes sociales, Manzano ha afirmado este viernes: «Ganamos!!!! Tras más de cuatro años de lucha, hoy se ha hecho justicia tributaria. El Tribunal Supremo ha corregido el grave error del gobierno de Sánchez de exigir autorización de la administración educativa competente para que las madres podamos aplicarnos la deducción por gastos en guarderías de 1000 euros en el IRPF. La conciliación se defiende así y con el gobierno de la Presidenta María Guardiola se reforzará con creces en Extremadura. Lo logramos! Gracias a todas las madres que han luchado a mi lado y a María y a Antonio [los abogados] por la dedicación y el apoyo máximo. Qué alegría!».

En su nota, los letrados recuerdan que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria otorgó el derecho a la citada deducción, porque esta tiene un carácter universal estatal, es decir, aplicable a cualquier guardería, aunque no tenga autorización autonómica como centro de educación infantil, pues las guarderías sólo deben cumplir los requisitos de apertura y funcionamiento según la legislación aplicable.

Añade Jiménez Bustamante que desde 2018, a la deducción de 1.200 euros al año en la declaración de la Renta por maternidad aplicable a todas las madres trabajadoras con hijos menores de tres años, deben sumarse otros 1.000 euros por gastos en guardería que no todas se desgravan. «Hacienda devuelve a las madres este dinero, pero en la mayoría de los casos, solo lo hace si el centro tiene autorización autonómica, a pesar de su carácter universal estatal, y por tanto, aplicable a cualquier guardería, aunque no tenga autorización autonómica como centro de educación infantil. De hecho, a esta madre trabajadora cántabra, la Agencia Tributaria le denegó el derecho al incremento de esos 1.000 euros anuales porque la guardería no estaba en el listado de centros autorizados»

Sin embargo, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, fija como doctrina jurisprudencial que: «La expresión ‘guarderías o centros de educación infantil autorizados’ contenida en el artículo 81.2, párrafo 1º, de la Ley del IRPF […] debe entenderse en el sentido de que la autorización exigida por el citado precepto a las guarderías o centros de educación infantil no es la otorgada por la Administración educativa correspondiente, que tan solo será exigible a los centros de educación infantil, sino la que resulte precisa para la apertura y funcionamiento de la actividad de custodia de menores en guarderías, según las disposiciones normativas aplicables a este tipo de centros. Por consiguiente, la sentencia recurrida es conforme a esta doctrina jurisprudencial y no ha lugar al recurso de casación de la Administración estatal.»

«Hay miles de madres afectadas en todo el país y animamos a todas las madres trabajadoras a solicitar esta deducción, así como a la rectificación de las declaraciones de IRPF desde 2019, ya que las de 2018 ya han prescrito», asegura el despacho de abogados.

Noticia de Diario HOY

El Tribunal Supremo (TS) ha extendido la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los gastos de custodia en guardería. Así lo dispone la Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia dictada el pasado 8 enero (7/2024), resolviendo de esta forma uno de los aspectos más controvertidos del derecho a la deducción fiscal por maternidad prevista en la Ley del IRPF.

Con este resolución y otra de la misma fecha (8/2024), en la que rechaza un recurso de casación interpuesto por la Administración tributaria, el Supremo unifica el criterio de los tribunales y corrige la interpretación restrictiva de la deducción aplicada por la Administración, permitiendo a todas las madres trabajadoras con hijos menores de tres años que acudan a guarderías o centros de educación infantil incrementarse la deducción en 1.000 euros.

Ambas las firman los magistrados José Antonio Montero Fernández (presidente), Rafael Toledano Cantero (ponente), Dimitry Berberoff Ayuda, Isaac Merino Jara y Esperanza Córdoba Castroverde.

Con estas sentencias, el Tribunal Supremo ha hecho Justicia tributaria», declara a Economist & Jurist la abogada que ha llevado ambos casos, María Benito Calvo, quien ha asistido a una madre trabajadora de Extremadura y a otra Cántabra, respectivamente, a través de la Asociación de gastos de guardería del IRPF.

La primera afectada es profesora de la Universidad de Extremadura, titular de Derecho financiero y tributario, y consideraba que la interpretación restrictiva de derechos que hacía la Administración era discriminatoria, por lo que hizo una investigación sobre el asunto a nivel general y creó la citada asociación de madres afectadas. Fue en 2021 cuando llevó el caso a la Justicia.

«Llevábamos tres años peleando este asunto en los tribunales, y estamos muy satisfechos por haber conseguido este derecho para las miles de madres afectadas por todo el territorio nacional», señala María Benito, y anima a las perjudicadas a reclamar.

Lo que sostiene la Administración tributaria para rechazar la deducción

El caso analizado en la primera sentencia versa sobre la denegación de la Agencia Estatal de la Administración tributaria (AEAT) a una madre trabajadora del derecho al incremento de la deducción de maternidad hasta en 1.000 euros adicionales en el IRPF por los gastos de custodia en guardería de sus hijos menores de tres años. El Supremo ha anulado ahora dicha decisión.

La Administración tributaria alegaba, para rechazar la deducción por gastos en guardería, que sólo son deducibles los gastos de custodia abonados a guarderías que cuenten además de los permisos de funcionamiento propios de esta actividad, con una autorización como centro educativo otorgada por la Administración educativa competente.

Un criterio que se ha venido aplicando por la AEAT con carácter general desde la introducción de esta deducción en la ley del IRPF en 2018, y que se basa en una interpretación del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que limita la obligación de emitir información fiscal para la deducción a los centros que cuenten con autorización de la administración educativa competente.

Como las guarderías, por lo general, no disponen de este tipo de autorización para impartir educación infantil, no pueden emitir la información fiscal correspondiente, y la Administración tributaria no admite que los gastos abonados a las guarderías se computen para obtener la deducción fiscal.

Hacienda impone un requisito que no figura en la ley del IRPF

El Supremo considera que al aplicar este criterio, Hacienda impone un requisito no establecido en la ley del  IRPF, que restringe las opciones de las madres trabajadoras para poder disfrutar de esta deducción. Y dictamina que los gastos de custodia serán deducibles, dentro de los límites legales, tanto si se abonan a guarderías como a centros de educación infantil, ya que la ley no condiciona los requisitos del centroen el que las madres trabajadores decidan contratar los servicios de custodia en el sentido pretendido por la AEAT.

El Alto Tribunal destaca que, en todo caso, “las guarderías deberán estar debidamente autorizadas, al igual que los centros de educación infantil “para la apertura y funcionamiento de la actividad de custodia de menores, incluida la asistencia, cuidado y alimentación, pero que no resulta exigible legalmente que las guarderías en que las contribuyentes haya contratado estos servicios de custodia dispongan de autorización como centro educativo infantil.

Noticia de Economist & Jurist

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias confirma el derecho a la citada deducción, porque esta tiene un carácter universal estatal, es decir, aplicable a cualquier guardería, aunque no tenga autorización autonómica como centro de educación infantil.

La sentencia establece que «las guarderías no forman parte del sistema educativo español ni de la LOE, no se consideran centros de educación, son centros de atención y cuidado infantil y, por tanto, no necesitan autorización de carácter educativo, sino que es la Administración local la competente en la autorización de su apertura y funcionamiento».

Desde la Asociación Gastos Guardería IRPF, su abogada, María Benito, anima a todas las madres trabajadoras a solicitar esta deducción, así como a la rectificación de las declaraciones de IRPF desde 2019, ya que las de 2018 ya han prescrito.

Destaca la Asociación que hay miles de madres afectadas en todo el país y el asunto está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso interpuesto por una madre afectada en Cáceres.

Fuente: Europa Press

La madre vio rechazada su solicitud porque la guardería en la que estaba matriculado su hijo no constaba en el listado de centros autorizados de educación infantil por el Principado de Asturias.

“Esta deducción por maternidad es de carácter estatal, no es una competencia de las comunidades autónomas como lo son los requisitos para ser centro autorizado, y en este caso se estaría quitando esa competencia estatal para ser autonómica”, detalla María Benito Calvo, letrada de la Asociación Gastos Guardería IRPF, que ha representado a la madre.

Además, la sala aclara que la Ley Orgánica de Educación (LOE) no menciona a las guarderías a la hora de establecer los diferentes niveles educativos. “Las guarderías no se consideran centros de educación, son centros de atención y cuidado infantil y, por tanto, no necesitan autorización de carácter educativo, sino que es la Administración local la competente en la autorización de su apertura y funcionamiento”, detalla la sentencia.

Por tanto, según indica la letrada María Benito “las guarderías no tienen que estar supeditadas a los requisitos que pide la LOE”.

Benito también señala que ahora las madres trabajadoras pueden reclamar dichas deducciones en las declaraciones desde 2019 porque después de cuatro años ya prescriben. Por ello desde la Asociación Gastos Guardería IRPF, que ya trabajan con más de 100 casos, animan a todas las madres trabajadoras, que desconocen esta bonificación, a reclamarla.

Fuente: www.abogacia.es

¿Me puedo desgravar la guardería de mis hijos en la Renta 22-23 y en qué casilla se deduce?

Desde la Asociación Gastos Guarderías IRPF, nuestra abogada, María Benito, en Mediodía COPE Cáceres, anima a todas las madres afectadas a solicitar esta deducción, así como la rectificación a Hacienda desde 2018, que prescribe el próximo 30 junio.

Más información:
https://www.cope.es/emisoras/extremadura/caceres-provincia/caceres/audios/mediodia-cope-caceres-hablamos-con-asociacion-gastos-guarderias-irpf-20230606_2276992

El Tribunal Supremo decidirá si las madres tienen derecho a la deducción de 1.000 euros por guardería, sea cual sea el centro en el que están los hijos. El conflicto entre muchas madres y Hacienda, después de reinterpretar la ayuda incluida en los presupuestos de 2018 por primera vez, se decidirá en el alto tribunal.

El pleito llega al Supremo después de que los jueces de instancias inferiores se contradijeran. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria falló a favor de una madre y, en un recurso por la misma deducción y argumento, el Tribunal Superior de Extremadura dio la razón a Hacienda. Las mismas contradicciones se vieron en tribunales económico-administrativos regionales, hasta que el central (TEAC) se posicionó a favor de Hacienda.

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Sin embargo, la titular del juzgado, lejos de reconocer los plazos que imponen los permisos de maternidad o paternidad, ha decidido señalar la vista para el próximo 1 de febrero, forzando así a ambos letrados a renunciar al permiso de paternidad/maternidad o a pedir su sustitución por otro compañero.

Los abogados querían evitar lo que al final ha pasado, que por el hecho de encontrarse de baja por incapacidad temporal y de permiso de paternidad, la abogada y su marido no pudieran ir a los juzgados. Por ello solicitaron el pasado diciembre a la magistrada su suspensión. Pero ésta se negó afirmando que “sería una baja que se preveía de larga duración”, achacando a ambos letrados el mal funcionamiento de la justicia, y les instó a buscar una nueva defensa, advirtiéndoles que si no lo hacían se asignaría un abogado de oficio a sus clientes.

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